El carácter negativo del silencio administrativo en la aprobación de los instrumentos de ejecución urbanística según la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020.

Una relevante Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020 (rec. cas. 5700/2017) se acaba de ocupar del régimen del silencio administrativo en la tramitación de un Proyecto de Actuación de iniciativa particular comprensivo de las determinaciones básicas de reparcelación, de las determinaciones completas de urbanización y de los Estatutos de una Junta de Compensación en un ámbito de un municipio de Castilla y León, lo que así ha efectuado fijando la siguiente interpretación:

a) De conformidad con los artículos 11.5 del TRLS 2008 (actual artículo 25.5 TRLSRU 2015) y 43.1 de la LPAC 1992 (actual artículo 24.1 LPAC 2015), “no pueden entenderse aprobados por silencio administrativo” los Proyectos de Actuación como instrumentos de gestión y ejecución urbanística presentados por iniciativa particular.

b) La jurisprudencia sobre el régimen del silencio administrativo en relación con los instrumentos de planeamiento, según la naturaleza pública o privada de la iniciativa, es “obligatoriamente extrapolable” a la tramitación de los referidos instrumentos de gestión urbanística.

El acto recurrido en primera instancia se correspondió con la estimación parcial de un recurso de reposición interpuesto contra la aprobación definitiva por silencio administrativo de dicho instrumento, siendo sus antecedentes más relevantes la aceptación municipal del juego positivo del silencio para la aprobación inicial incluyendo su publicación en el BOP y su notificación a los interesados por vía notarial (arts. 76.3.c LUCyL y 251.3 y 434.a RUCyL) y, tras once años desde que se diera inicio al procedimiento, la publicación de la aprobación definitiva también por silencio en el BOCyL (art. 251.3 RUCyL). 

La Sentencia, que culmina su FD Cuarto con un encendido elogio de la recurrente por haber interpuesto el recurso en el ejercicio de la acción pública, se ocupa en el Quinto del posible apartamiento del artículo 251.3 del RUCyL respecto del 76.3.c de la LUCyL al omitirse en el primero el inciso final presente en el segundo sobre el juego del silencio “conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo”, de lo cual, no obstante, no se llega a concluir con la existencia efectiva de contradicción alguna entre uno y otro.

El control urbanístico de los complejos inmobiliarios, la propiedad horizontal tumbada y la propiedad horizontal ordinaria

La resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 3 de junio de 2019 supone la superación de la doctrina tradicional de dicho centro directivo en torno a la cuestión relativa a la exigibilidad o no de licencia o autorización administrativa para la constitución o modificación del régimen de propiedad horizontal.

Ni la legislación del suelo ni la de propiedad horizontal contemplaron en un primer momento la necesidad de obtener previa licencia o autorización administrativa para la constitución o modificación de la propiedad horizontal, lo que explicaba la Dirección General afirmando que su inscripción era una cuestión ajena a las exigencias de la ordenación urbanística.

Fue bien avanzada la década de los 90 cuando surge una norma que parecía apuntar a su exigibilidad: el artículo 53.a del Real Decreto 1093/1997, si bien la Dirección General, apoyándose en el carácter meramente reglamentario de este precepto y en que en el momento de su entrada en vigor no contaba con cobertura legal suficiente en la legislación estatal, interpretó que únicamente era de aplicación en aquellas comunidades autónomas cuya legislación del suelo contemplara específicamente la exigencia de licencia para inscribir las operaciones a que nos referimos.

No todo Estudio de Detalle ha de ser objeto de evaluación ambiental estratégica (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de febrero de 2020).

Una reciente Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7 de febrero de 2020, se ha vuelto a pronunciar sobre el sometimiento de los Estudios de Detalle al procedimiento de evaluación ambiental estratégica a la vista del artículo 6.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (LEA), el cual dispone que así procede en relación con cualquier Plan o Programa que afecte, entre otras, a las materias de ordenación del territorio o uso del suelo.

En este sentido, los Estudios de Detalle han venido siendo considerados como instrumentos sujetos a la LEA al menos desde los dos siguientes órdenes de razones.

De un lado, por su identificación como instrumentos de planeamiento de naturaleza normativa según una jurisprudencia mayoritaria (entre otras muchas, STS de 16 de julio de 2003, rec. 4766/2000), la cual se fue consolidando desde una posición inicial más matizada acorde con su concepción original conforme a la enmienda que introdujo la figura en la Ley del Suelo de 1975 que acentuó su condición como “último eslabón de planeamiento" caracterizado por ser “una pieza intermedia entre los Planes de Ordenación y las licencias" a la que correspondía una "misión humilde de adaptación y complemento" (SSTS de 30 de septiembre de 1980 y 29 de abril y 9 de junio de 1985).

Fincas parcialmente incluidas en un ámbito reparcelatorio: su fraccionamiento y la enajenación de aprovechamientos o cuotas indivisas

En el número 776 de la REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO nº 776 (noviembre-diciembre 2019) se publica un artículo en el que, con el título arriba indicado, se analiza el tratamiento jurídico de las fincas incluidas parcialmente en un ámbito sujeto a reparcelación en orden a su tratamiento en el correspondiente proyecto de equidistribución y a su inscripción registral.

En la exposición se hace especial hincapié en el régimen jurídico de la transmisión a un tercero de los derechos sobre la parte interior al ámbito de actuación de que se trate, y ello tanto con anterioridad a la aprobación del proyecto de reparcelación como a través del mismo.

La suspensión de los plazos administrativos por el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el Estado de Alarma a causa del COVID-19.

La premura con que ha sido redactado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma a causa del COVID-19 ha implicado, por un lado, que haya sido modificado tres días después por el número 465/2020 y, por otro, que no resulte sencilla la interpretación de algunas de sus normas, lo que ha motivado que se hayan sucedido varias instrucciones, criterios y notas de organismos oficiales con el fin de tratar de aclararlas que ofrecen opiniones contradictorias en algunos extremos.

Como muestra de ello cabe citar la disposición adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, que determina la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos. Teniendo en cuenta que la suspensión de plazos no implica necesariamente la interrupción del procedimiento como se desprende del artículo 22 de la Ley 39/2015, en la citada resolución no queda claro si la suspensión decretada se limita a los primeros o si se hace extensiva al segundo.