Las operaciones jurídicas complementarias son actos administrativos que alteran de manera no sustancial y perfeccionan un instrumento de reparcelación o equidistribución previo sin contradecir ni oponerse al mismo ni al plan que se ejecuta, tramitándose a través de un procedimiento administrativo ordinario con audiencia de los interesados.

La escasa regulación normativa de esta figura ha permitido que las operaciones jurídicas complementarias se hayan utilizado frecuentemente para subsanar o salvar cualquier vacío o irregularidad de un proyecto reparcelatorio, sobrepasando el contenido y naturaleza propios de dichas operaciones, con el fin de evitar la tramitación de un procedimiento de modificación del mismo, con reiteración de las mismas formalidades observadas en su aprobación, al ser la tramitación de aquellas operaciones más sencilla, ágil y menos costosa de la de la modificación.

La documentación económica de los planes urbanísticos trata de dar respuesta a diferentes cuestiones suscitadas por el cambio de ordenación introducido por ellos. Son dos los documentos de esta naturaleza que prevé el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015: la memoria de viabilidad económica (que en la moderna jurisprudencia se identifica con el conocido tradicionalmente como estudio económico-financiero) y el informe o memoria de sostenibilidad económica.

nº 92 del Observatorio Inmobiliario

Las amplias prerrogativas del planificador para afectar o alterar dotaciones de zonas verdes existentes o previstas tienen en todo caso como límites a su discrecionalidad criterios legales, jurisprudenciales y doctrinales imperantes, según los cuales, el carácter sostenible y medioambiental de urbanismo debe procurar una estricta protección de estos suelos, consecuencia en gran medida de la transposición de las normas de la Unión Europea y de la concienciación creciente sobre la escasez del recurso suelo.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del pasado 18 de mayo de 2018 se ha publicado, con efectos desde el día siguiente, la Ley 2/2018, de 4 de mayo, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM), para la regulación de los desarrollos urbanísticos a través de fases o unidades funcionales, modificación que se justifica en su Preámbulo ante la insuficiencia del régimen jurídico de las actuaciones integradas cuando van acompañadas de un plan de etapas con plazos sucesivos para la ejecución de la urbanización, destacando igualmente que en la regulación autonómica nada se decía sobre cómo habían de funcionar dichas etapas con motivo de la culminación y recepción de la urbanización.