La resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 3 de junio de 2019 supone la superación de la doctrina tradicional de dicho centro directivo en torno a la cuestión relativa a la exigibilidad o no de licencia o autorización administrativa para la constitución o modificación del régimen de propiedad horizontal.

Ni la legislación del suelo ni la de propiedad horizontal contemplaron en un primer momento la necesidad de obtener previa licencia o autorización administrativa para la constitución o modificación de la propiedad horizontal, lo que explicaba la Dirección General afirmando que su inscripción era una cuestión ajena a las exigencias de la ordenación urbanística.

Fue bien avanzada la década de los 90 cuando surge una norma que parecía apuntar a su exigibilidad: el artículo 53.a del Real Decreto 1093/1997, si bien la Dirección General, apoyándose en el carácter meramente reglamentario de este precepto y en que en el momento de su entrada en vigor no contaba con cobertura legal suficiente en la legislación estatal, interpretó que únicamente era de aplicación en aquellas comunidades autónomas cuya legislación del suelo contemplara específicamente la exigencia de licencia para inscribir las operaciones a que nos referimos.

Una reciente Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7 de febrero de 2020, se ha vuelto a pronunciar sobre el sometimiento de los Estudios de Detalle al procedimiento de evaluación ambiental estratégica a la vista del artículo 6.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (LEA), el cual dispone que así procede en relación con cualquier Plan o Programa que afecte, entre otras, a las materias de ordenación del territorio o uso del suelo.

En este sentido, los Estudios de Detalle han venido siendo considerados como instrumentos sujetos a la LEA al menos desde los dos siguientes órdenes de razones.

De un lado, por su identificación como instrumentos de planeamiento de naturaleza normativa según una jurisprudencia mayoritaria (entre otras muchas, STS de 16 de julio de 2003, rec. 4766/2000), la cual se fue consolidando desde una posición inicial más matizada acorde con su concepción original conforme a la enmienda que introdujo la figura en la Ley del Suelo de 1975 que acentuó su condición como “último eslabón de planeamiento" caracterizado por ser “una pieza intermedia entre los Planes de Ordenación y las licencias" a la que correspondía una "misión humilde de adaptación y complemento" (SSTS de 30 de septiembre de 1980 y 29 de abril y 9 de junio de 1985).

En el número 776 de la REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO nº 776 (noviembre-diciembre 2019) se publica un artículo en el que, con el título arriba indicado, se analiza el tratamiento jurídico de las fincas incluidas parcialmente en un ámbito sujeto a reparcelación en orden a su tratamiento en el correspondiente proyecto de equidistribución y a su inscripción registral.

En la exposición se hace especial hincapié en el régimen jurídico de la transmisión a un tercero de los derechos sobre la parte interior al ámbito de actuación de que se trate, y ello tanto con anterioridad a la aprobación del proyecto de reparcelación como a través del mismo.

La premura con que ha sido redactado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma a causa del COVID-19 ha implicado, por un lado, que haya sido modificado tres días después por el número 465/2020 y, por otro, que no resulte sencilla la interpretación de algunas de sus normas, lo que ha motivado que se hayan sucedido varias instrucciones, criterios y notas de organismos oficiales con el fin de tratar de aclararlas que ofrecen opiniones contradictorias en algunos extremos.

Como muestra de ello cabe citar la disposición adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, que determina la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos. Teniendo en cuenta que la suspensión de plazos no implica necesariamente la interrupción del procedimiento como se desprende del artículo 22 de la Ley 39/2015, en la citada resolución no queda claro si la suspensión decretada se limita a los primeros o si se hace extensiva al segundo.