En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 30 de noviembre de 2018, número 234, se ha publicado el Decreto 86/2018, de 20 de noviembre, de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios, que introduce importantes modificaciones en varios Decretos de la Junta de Comunidades y, entre ellos, en el Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística, en el que, entre otras novedades introduce un nuevo artículo 59 bis titulado "La reversión de la reparcelación".

Se trata de una novedad de gran importancia ya que es la primera vez que se regula en España la figura de la reparcelación inversa, si bien con anterioridad se había producido alguna iniciativa legislativa en tal sentido pero que a día de hoy no ha visto la luz, como sucede en el caso de la Comunidad Valenciana.

Laso & Asociados, en colaboración con un equipo multidisciplinar de profesionales de primer nivel, viene participando a lo largo de los últimos años como asesor jurídico-urbanístico de Distrito Castellana Norte en el que muy probablemente constituya el Proyecto urbanístico más importante de España*, el denominado MADRID NUEVO NORTE aprobado provisionalmente el pasado 29 de julio tras una intensa participación ciudadana a partir de la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y con la colaboración de la Comunidad de Madrid y de la Administración del Estado.

Las operaciones jurídicas complementarias son actos administrativos que alteran de manera no sustancial y perfeccionan un instrumento de reparcelación o equidistribución previo sin contradecir ni oponerse al mismo ni al plan que se ejecuta, tramitándose a través de un procedimiento administrativo ordinario con audiencia de los interesados.

La escasa regulación normativa de esta figura ha permitido que las operaciones jurídicas complementarias se hayan utilizado frecuentemente para subsanar o salvar cualquier vacío o irregularidad de un proyecto reparcelatorio, sobrepasando el contenido y naturaleza propios de dichas operaciones, con el fin de evitar la tramitación de un procedimiento de modificación del mismo, con reiteración de las mismas formalidades observadas en su aprobación, al ser la tramitación de aquellas operaciones más sencilla, ágil y menos costosa de la de la modificación.

La documentación económica de los planes urbanísticos trata de dar respuesta a diferentes cuestiones suscitadas por el cambio de ordenación introducido por ellos. Son dos los documentos de esta naturaleza que prevé el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015: la memoria de viabilidad económica (que en la moderna jurisprudencia se identifica con el conocido tradicionalmente como estudio económico-financiero) y el informe o memoria de sostenibilidad económica.